SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) reiteró su propuesta de un gran acuerdo nacional entre todos los sectores para enfrentar en unidad el coronavirus y al unísono el desafío de la reactivación económica.
La entidad consideró que es primordial comenzar a prepararse para reconstruir la economía e introducir los planes de recuperación no solo para el tiempo de contención del virus, sino también para el período en el que la actividad económica comience a reactivarse.
Sostuvo que es necesario poner al aparato productivo en el centro de todas las medidas, impulsando la cooperación entre las diferentes instituciones y administraciones con solidaridad y unidad social.
Dijo que es urgente que desde el Estado se ponderen algunas de las medidas establecidas en otros países, como por ejemplo la revisión de las políticas fiscales de emergencia y asumir lo que algunos economistas denominan como “economía de guerra”.
«Habrán afectados que necesitarán la asistencia y transferencia directa de recursos, así como pequeñas y medianas empresas con el fin de evitar la bancarrota y/o quiebra, de lo cual derivaría un desempleo masivo», precisó.
A continuación el comunicado de FINJUS
FINJUS REAFIRMA LA NECESIDAD DE UN ACUERDO NACIONAL PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA
La pandemia declarada por la acelerada propagación del coronavirus (COVID-19) ha abierto una etapa delicada en la historia de la humanidad en razón de los importantes retos que implica en diversos sectoresde la vida social, económica y política de todas las naciones, siendo los aspectos relacionados con la salud, la producción, el comercio y la vida institucional los que concentran el mayor interés.
En República Dominicana esta realidad se vive con la misma intensidad que en otras latitudes. A todos los puntos anteriores se suma el desafío relativo a la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales, pautadas para el próximo 5 de julio, de las que deben emanar las nuevas autoridades de la estructura gubernamental y los representantes ante el Congreso, quienes tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de adoptar las medidas y tareas necesarias para reducir la gravedad de la situación.
Es precisamente la reflexión cuidadosa de esta realidad la que debe llevarnos a determinar las mejores políticas y planes para enfrentar los graves efectos que acarrean estos fenómenos en los distintos niveles sociales yeconómicos, así como en los aspectos relacionados con la calidad de la democracia y de la institucionalidad. Es en este contexto donde el Estado y sus instituciones deben enfocarse para diseñar todas las estrategias, programas y alternativas en el camino de generar la confianza hacia las instituciones democráticas y de las vías que deciden poner en ejecución.
Desde FINJUSvaloramos positivamente la iniciativa de establecer un proceso de diálogo que permita un acuerdo político nacional entre todos los actores políticos en comunicación con la sociedad, para trazar una hoja de ruta con soluciones reales a corto, mediano y largo plazo en cada una de las áreas donde se concentra la crisis derivada de la pandemia. Lo anterior es especialmente importante en la determinación de las medidas imprescindibles para dirigir la reanimación de las bases de la producción, la circulación de bienes y la estabilidad laboral y avanzar hacia una economía sostenible.
Una mirada rápida a lo que ocurre en nuestra región, lo mismo que en la Unión Europea y los Estados Unidos, nos permite observar que la mayor parte de los gobiernos de países desarrollados y/o en desarrollo coincide en objetivos similares a los que debemos enfrentar localmente y que pudieran resumirse en: detener la expansión progresiva de los contagios del virus, reforzar los sistemas hospitalarios, fortalecer los mecanismos de alerta y prevención de los sistemas de salud pública, proteger las poblaciones vulnerables (por edad, situación social u otros), dotar de financiamiento a la respuesta de emergencia, iniciar planes con miras a la reactivación de la economía, mientras estamos a la espera de que sean desarrollados nuevos tratamientos y vacunas[1].
Estos objetivos solo pueden ser debidamente alcanzados con el concurso y trabajo coordinado de todos los sectores en capacidad de realizar, de manera inmediata y concertada, la planeación de medidas y/o políticas a corto, mediano y largo plazo para afrontar la crisis derivada del COVID-19. Esta es una tarea urgente, que no debe ser retrasada, y que para tener éxito deberá asegurarse que tendrá continuidad en las nuevas autoridades estatales que asuman sus responsabilidades el próximo 16 de agosto.
En atención a lo anterior, FINJUS ha planteado la importancia de que se produzca un acuerdo nacional que permita el consenso de los diferentes actores políticos y sectores sociales claves de la vida nacional.
La idea del consenso por el que abogamos no se refiere a diálogos infructuosos y/o dilatados, ajenos a la situación actual, porque el país necesita que se formulen propuestas de solución realistas, objetivas y alcanzables, que puedan convertirse en la plataforma para que las medidas sugeridas sean sostenibles en el tiempo y puedan ser asumidas por las nuevas autoridades del Ejecutivo y el Congreso en el nuevo periodo constitucional, con el compromiso serio de actores sociales y económicos claves, como el empresariado, la comunidadeducativa, los medios de comunicación, las iglesias y las organizaciones sociales representativas.
Es conocido que en toda sociedad organizada una de las tareas fundamentales del Estado es la de reducir los niveles de incertidumbre que se producen cotidianamente como efecto de la acción de las fuerzas del mercado global al cual estamos anclados. Esta reducción debe realizarse en el marco del establecimiento de nuevos pactos sociales que comprometan a los más amplios sectores sociales.
Es evidente que la actual pandemia tiene un impacto devastador en la actualidadpero también es innegable que produce variados efectos en los distintos sectores sociales. La falta de estos consensos sociales en torno a aquellos que genera la situación de la pandemia sobre las metas nacionales y de cada sector en específico, podría significar un aumento del riesgo de incertidumbre de las políticas, y una baja en la capacidad de hacer planes y elaborar propuestas serias en los ámbitos económicos y sociales.
Un elemento clave en esta estrategia es la modernización y adaptación del Estado. Sin un Estado capaz de realizar las tareas complejas que implica una época convulsa como la que vivimos y con escasa voluntad de dar las respuestas eficientes a las necesidades y demandas sociales, transitaremos el camino de la inseguridad y de la desconfianza.
En democraciaes esencial que constantemente se genere equilibrio en la valoración de la ciudadanía respecto de sus instituciones en el corto plazo y los resultados a largo plazo; pues, si la democracia no muestra resultados a largo plazo que representen niveles aceptables de eficiencia en su gestión y se traduzcan en una mejor distribución equitativa de la riqueza y beneficios sociales, las instituciones públicas se hacen vulnerables a las derivaciones que acompaña el descontento y la desconfianza social, y aumentan los factores de riesgo que amenacen la gobernabilidad y la seguridad jurídica.
Debemos recordar que antes de la pandemia en el país había una baja credibilidad en las instituciones públicas. En efecto, en el marco de esta situación ha habido serias críticas sobre la utilización y lógico aumento del gasto público por lo que es necesario que el Estado aumente los niveles de transparencia en todas sus acciones, en especial en el marco de la crisis sanitaria actual.
El incremento del gasto público representa un riesgo por la capacidad muy limitada de la estructura del sistema de salud pública queha requerido inversiones extraordinarias de emergencia para poder responder a las necesidades masivas de atención sanitaria derivadas de la pandemia.
