La ley que modifica el mecanismo de compensación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), aprobada ayer martes por el Congreso, reduce en RD$53,000 millones las ganancias proyectadas para esas empresas en los próximos diez años.
El dato fue proporcionado este miércoles por el ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, quien se refirió al tema luego de participar en un evento sobre el rol de las alianzas público-privadas en el desarrollo, organizado por la Asociación de Industrias de República Dominicana.
Con la pieza legislativa, todavía pendiente de promulgar, “se les ha dado un duro golpe a las AFP para reducir su rentabilidad a los niveles promedio de América Latina”, afirmó el funcionario.
La normativa modifica la Ley 87-01 para establecer una sola comisión a través de la cual las AFP percibirán ingresos. Se trata de “una comisión anual sobre el saldo administrado”, que será cobrada mensualmente. Inicialmente será de un 1.20% del monto en administración, pero el porcentaje se irá reduciendo paulatinamente, hasta llegar a 0.75% en el año 2029.
Aunque en términos relativos se contempla un descenso de la comisión, el planteamiento no está libre de críticas, pues el hecho de que aumente el patrimonio de los fondos de manera sostenida, también supondrá el aumento en las ganancias registradas por las administradoras en términos absolutos, al menos durante los próximos años. Así lo contempló el especialista en seguridad social Arismendi Díaz Santana en un artículo sobre la materia publicado en marzo del año pasado.
La ley también elimina los recargos e intereses adeudados a la Seguridad Social por miles de empresas, privadas y públicas. “Se está eliminando más del 97% de la deuda, que ya superaba 470 mil millones de pesos, y que era impagable”, explica el ministro Jiménez.
La amnistía despeja el camino para que más de 10 mil mipymes puedan regularizar su situación y actualizar sus cuentas con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
El funcionario afirmó que la medida facilitará el ingreso de 150 mil trabajadores y sus dependientes al Seguro Familiar de Salud, que en conjunto podrían totalizar cerca de 400 mil nuevos afiliados.
De cumplirse esa expectativa, esos 150 mil titulares tendrán, además de aseguramiento en salud, un Seguro de Riesgos Laborales y podrán cotizar para sus pensiones.
La nueva ley también fortalece las facultades de la Dirección de Defensa de los Afiliados (DIDA) y la TSS, que tendrán más herramientas para defender los derechos de los afiliados y, en el caso de la segunda, para hacer cobros compulsivos y persecución penal contra los empleadores que incumplan sus obligaciones con la Seguridad Social.
