El Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, revocó este jueves una medida que, según la Fiscalía, amnistiaba delitos medioambientales cometidos en el Bosque Atlántico y reducía la protección de este ecosistema, uno de los más ricos en biodiversidad del país.
El ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, anuló la resolución publicada en abril pasado e informó en sus redes sociales de que presentó un recurso en la Corte Suprema para que analice su constitucionalidad.
El texto reconocía las propiedades rurales instaladas hasta julio de 2008 en áreas de protección ambiental del Bosque Atlántico y, como consecuencia, permitía la cancelación de ‘miles de procesos de infracción’ por deforestación e incendios provocados en el bioma, de acuerdo con el Ministerio Público Federal.
‘En la práctica, la medida permite la consolidación de ocupaciones ilegales y la deforestación en áreas de preservación permanente’, indicó la Fiscalía, que recurrió a la Justicia para intentar suspender la norma.
El Bosque Atlántico (‘Mata Atlântica’, en portugués) es uno de los biomas más ricos en biodiversidad de fauna y flora de Brasil.
Originalmente ocupaba más de 1,3 millones de kilómetros cuadrados en 17 de los 27 estados brasileños, extendiéndose por gran parte de la línea costera del país, desde Río Grande do Norte hasta Río Grande do Sul.
Sin embargo, en la actualidad solo resta cerca de un 12 % de su cobertura vegetal original después de años de ocupaciones y actividades humanas en el ecosistema.
Según un reciente informe elaborado por la Fundación SOS Mata Atlântica y por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), la deforestación en el bioma creció un 27 % entre 2018 y 2019.
La tala ilegal de árboles también se ha disparado en la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta y que ocupa alrededor del 60 % del territorio brasileño.
La deforestación en la selva amazónica brasileña aumentó un 51,4 % en los tres primeros meses de este año con respecto al mismo periodo de 2019 y solo en abril creció un 64 % en la comparación anual.
En 2019 se disparó un 85 % hasta 9.165 kilómetros cuadrados, su mayor nivel desde 2016, según datos oficiales.
Las organizaciones de la sociedad civil culpan de ese incremento al discurso ‘antiecologista’ del ultraderechista Bolsonaro, quien defiende la explotación de los recursos naturales de la Amazonía y poner fin a la demarcación de nuevas tierras indígenas.
La cuestionada política medioambiental del Gobierno de Bolsonaro quedó en evidencia en una reunión ministerial, celebrada en abril pasado y hecha pública por la Corte Suprema, dentro una investigación contra el mandatario por supuestas injerencias ilegales en la Policía Federal.
En ese encuentro, el ministro Salles sugirió que el Gobierno flexibilizara algunas normas relacionadas con su área, aprovechando que la prensa estaba centrada en la pandemia de coronavirus. EFE