El nuevo protocolo limita las opciones para conseguir visa para entrar a Estados Unidos y también afectará a quienes pidan la residencia permanente (green card). Quienes hayan usado fondos públicos durante 12 meses en los últimos 36 meses serán los más afectados.

Este lunes 24 de febrero entra en vigor la nueva regla de carga pública, protocolo que regulará la manera en a partir de ahora que los empleados del gobierno federal de Estados Unidos determinarán si otorgan o no un beneficio migratorio, por ejemplo: una visa, una extensión de plazo de estadía o una residencia legal permanente (green card o tarjeta verde).
La nueva política cambia por primera vez un sistema que venía implementándose desde 1965, cuando el entonces presidente, Lyndon B. Johnson, promulgó la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que regula el sistema migratorio y determina quiénes son los extranjeros que pueden entrar y permanecer en el país, ya sea como no inmigrantes o inmigrantes.

Hasta ahora, el proceso para la obtención de una visa o la residencia incluye el demostrar que el extranjero tiene los recursos para pagar sus gastos y no depender del gobierno. Pero la nueva regla agrega otra serie de factores en una nueva ecuación que incluye, por ejemplo, la edad, el estado de salud o el nivel de estudio.
Todo ello eleva las preocupaciones. Estas son las claves para entender de qué se trata la nueva regla de carga publica.