1 julio, 2020

España prevé 150.000 millones de inversión pública frente a la crisis

España pretende salir de esta crisis de una forma radicalmente opuesta a la de 2008. El borrador del plan de inversiones y reformas, el documento que se enviará a Bruselas para marcar los proyectos de futuro, al que ha tenido acceso EL PAÍS, marca una cifra colosal de 150.000 millones de euros en inversiones públicas en el bienio 2021-2022. Según los cálculos del Gobierno, eso debería arrastrar otros 500.000 millones en inversión privada. El texto, que defiende reformas para modernizar la economía, está en plena discusión interna en el Gobierno, pero contiene los ejes de una gran apuesta keynesiana de salida de la crisis.

España está obligada a enviar a la Comisión Europea sus planes de futuro si quiere acceder al gran fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros que se negocia entre las capitales en estos días y que se tratará el próximo viernes en una cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Si todo va según lo esperado, España recibirá unos 140.000 millones de ese fondo, más de 74.000 de ellos en forma de transferencias, esto es dinero para invertir que no hay que devolver. Eso le permite pensar un ambicioso plan para movilizar 150.000 millones de inversión pública en dos años.

El Ministerio de Economía, dirigido por la vicepresidenta Nadia Calviño, que es quien tiene la interlocución directa con Bruselas, ha elaborado un primer borrador de una decena de páginas que ahora está en plena discusión entre los ministros del área económica, con intensos debates, como es habitual. Y no solo entre los miembros del PSOE y los de Unidas Podemos, sino sobre todo entre los propios socialistas. Todos quieren poner el énfasis en distintos sectores, en alternativas diferentes para gastar el dinero. Pero el tronco común marcado por este documento, que concluye con un largo listado de reformas estructurales, va en la línea del pacto de Gobierno que alcanzaron el PSOE y Unidas Podemos, aunque no pone el acento en las cuestiones más polémicas como la modificación de la última reforma laboral —aunque sí habla de elaborar “un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”— o las subidas de impuestos a las grandes empresas.

Algunos ministros consultados opinan que al documento, pese a ser una base interesante, le falta detalle y sobre todo una mayor ambición transformadora de la economía del país y reindustrializadora, pero es ahora en la discusión fina donde se podrá retocar antes de enviarlo a Bruselas.

“Es necesario poner en marcha cuanto antes un Plan de Inversiones y Reformas que gire en torno a un conjunto de proyectos tractores con gran capacidad de transformación y modernización de nuestra economía y sociedad”, señala el texto. Y ahí llega a los números. “Estos planes comportan un importante volumen de inversión pública y privada. Las necesidades de inversión pública en España en los próximos dos años se estiman en unos 150.000 millones de euros (aproximadamente un 6% del PIB al año), para alinear el país a las ratios de los países más avanzados de la OCDE. Esta inversión pública podría suponer un importante catalizador para inversión privada, con capacidad para movilizar unos 500.000 millones de euros en total”, remata el texto. En la parte de fiscalidad, para buscar el dinero que financie las inversiones, el texto solo habla de algunos puntos: “Plan de lucha contra la economía sumergida. Impuesto sobre determinados servicios digitales. Impuesto sobre transacciones financieras. Impuesto sobre plásticos de un solo uso. Programa de eficiencia en el gasto: aplicación de spending reviews [revisiones de gasto]”.

El documento defiende también un plan de choque que implica un inédito gasto público con el consiguiente aumento de la deuda. “Las previsiones actuales apuntan a un déficit público superior al 10% del PIB en 2020 y una ratio de deuda en el entorno del 115% del PIB, con una emisión de deuda pública adicional de 100.000 millones de euros. De ellos, aproximadamente un 45% proceden de las medidas de respuesta directa al covid y un 55% es el efecto de los estabilizadores al caer la recaudación por las principales figuras tributarias y aumentar el gasto por desempleo”, señala el documento.

Y ahí identifica medidas que vienen a partir de ahora en ese plan de choque: “La extensión del apoyo público a los ERTE, el impulso del ajuste de empleo en horas y no trabajadores, la distribución irregular de jornada a lo largo del año, y la adopción de un plan urgente de formación, reinserción y reorientación profesional para los trabajadores de los sectores que no recuperen totalmente la actividad”. También contempla “medidas de apoyo a empresas que garanticen la creación de una reserva estratégica de material y recursos sanitarios” y “un plan estratégico de apoyo al turismo con medidas de financiación, campañas de promoción, bonos-restaurante y bonos-hotel para personal sanitario (reciclaje de IMSERSO)”.

Otro de los planes previstos es el de “apoyo al ecosistema industrial de la automoción, con medidas urgentes destinadas favorecer la transición hacia un parque de vehículos más moderno y eficiente”. Apunta asimismo la necesidad de poner en marcha un “programa educa en digital”, con “ayudas urgentes para tratar de resolver la brecha digital identificada durante el confinamiento y proporcionar a las familias y escuelas equipamiento para abordar el curso 2020-2021”.

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