La ruptura de tres tuberías de petróleo y derivados contaminó las cuencas de los ríos Coca y Napo y afectó, según estimaciones de Amazon Frontlines, a 118.617 personas.
Las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana se mantienen en alarma por el coronavirus. No existen cifras oficiales de cuántos ciudadanos pertenecientes a estos pueblos están contagiados o fallecieron debido a la pandemia, puesto que el gobierno no ha desagregado los datos.
La semana pasada, Andrés Tapia, dirigente de Comunicación de la confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), informó que tenían registrados 57 casos positivos y dos fallecidos entre miembros de estas comunidades indígenas amazónicas.
El fin de semana pasado, la ecuatoriana Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos comunicó que una mujer waorani, de 21 años, dio positivo en la comunidad de Miwaguno, provincia de Orellana. Además, había casos sospechosos de la misma nacionalidad, en esa misma comunidad y en Conipare y Gareno, en Napo; y Toñampare, en Pastaza.
El pasado domingo, la misma comunidad informó sobre la muerte de un pikenani (jefe de familia) waorani en la comunidad de Bataburo, en la provincia de Pastaza, con sintomatología asociada al coronavirus.
Mientras, este miércoles 20 de mayo, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos dio a conocer la confirmación de 12 casos más en las comunidades de Capataza y Charapacocha, territorio de la nacionalidad Achuar, en Pastaza.
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamaron al Estado ecuatoriano a «extremar medidas de protección» a estos pueblos frente a «los altos riesgos» a los que están expuestos ante el coronavirus, considerando que son pueblos aislados y otros de reciente contacto con el exterior, por lo que tienen «alta vulnerabilidad inmunológica ante nuevos patógenos».
«Triple pandemia»
Pero, aparte de las afectaciones por el coronavirus, los pueblos originarios de esta parte de Ecuador enfrentan «una triple pandemia», señala Tapia.
«No solo la pandemia que vivimos por el covid-19, sino que también todo el proceso de las inundaciones que tuvimos en el mes de marzo y que todavía continúan en el mes de mayo, que fueron inundaciones igual históricas, que no se habían visto en las últimas décadas», nombró el dirigente indígena como otra afectación.
Además, habló de «los derrames petroleros» que han tenido también que sufrir en la Amazonía norte y «las propias condiciones de marginación históricade desatención, sobre todo en temas de servicios de salud».
Derrame petrolero
El pasado 7 de abril, ocurrió el rompimiento de tramos del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del Poliducto Shushufindi-Quito, que transportan el petróleo y derivados desde la Amazonía a Esmeraldas, provincia de la Costa, al otro lado del país.
La ruptura ocurrió en la localidad de San Rafael, en el límite de las provincias Sucumbíos y Napo del país sudamericano, debido a un hundimiento de tierra.
Esto originó un derrame petrolero, que contaminó las cuencas de los ríos Coca y Napo y afectó, según estimaciones de Amazon Frontlines, a 118.617 personas, pertenecientes a 22 parroquias rurales de ocho cantones que lindan con las riberas de estos afluentes en las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana.
«Los cantones y parroquias afectadas por el derrame son históricamente zonas de explotación petrolera; sin embargo, esta región amazónica se caracteriza por ser una las más desiguales del país, reportando los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas», señala un informe de esa organización.
De esas casi 120.000 personas afectadas, «35.000 vivirían en entornos rurales y tenían una relación mucho más cercana con el río, para actividades diarias y de supervivencia; y, de esa cifra, 27.000 corresponden a hombres y mujeres indígenas, de la nacionalidad kichwa, fundamentalmente», detalla, en entrevista con RT, Lina María Espinosa, defensora de derechos humanos y coordinadora legal de Amazon Frontlines.